Todas las personas en Chile pueden satisfacer sus necesidades de calor y frío de manera informada y eficiente, mediante fuentes de energía sostenibles, confiables y flexibles, a través de un mercado competitivo, moderno y transparente.
La presente estrategia tiene por objetivo establecer ejes estratégicos y lineamientos de trabajo, así como medidas que se deben adoptar en el corto, mediano y largo plazo para el desarrollo y penetración de energías sostenibles en la generación de calor y frío desde una perspectiva holística y participativa.
Como resultado del trabajo realizado en los talleres multisectoriales a lo largo del país, las entrevistas a actores y el levantamiento de información del Sector Calor y Frío, se elaboró una estructura basada en cuatro ejes, que atiende a los requerimientos identificados y desarrolla un plan de trabajo de corto, mediano y largo plazo basado en:
Según cifras publicadas en 2020 por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), se estima que en el mundo aproximadamente la mitad de la energía es consumida cada año en usos térmicos, los que se satisfacen principalmente mediante la combustión de fuentes fósiles de energía (77%) y biomasa tradicional (12,5%) mientras que las fuentes renovables modernas representan tan solo un 10% de la generación.
Lo anterior plantea un enorme desafío y posiciona al sector de las energías térmicas como una importante fuente de potencial mitigación de GEI.
En efecto, se estima que los usos térmicos de la energía en el mundo son responsables del 40% de las emisiones globales de CO2, principalmente debido a los consumos en procesos industriales, que representan más de la mitad del consumo térmico total.
A partir de los escenarios generados para la PELP 2019, es posible estimar que al menos un 35,8% de los consumos reportados como energía primaria corresponden a usos térmicos, un 44,6% a transporte y el 19,5% restante a usos eléctricos.
Cabe destacar que la fuente más utilizada para la producción de calor es la biomasa (41,4%) y posteriormente el gas natural (18,2%).
En Chile, durante las últimas décadas se ha avanzado fuertemente en el desarrollo de políticas energéticas, siendo uno de los objetivos el aumentar la participación de los medios de generación renovables en nuestra matriz y así contribuir a la disminución de GEI, bajar costos y aumentar la seguridad e independencia energética, sobre todo enfocado en la generación de energía eléctrica y en los usos de la electricidad.
Respecto a la energía térmica, entendida como la energía utilizada para la producción de calor y frío (Heating & Cooling en inglés) o como aquella energía primaria, secundaria o terciaria cuyo fin sea calentar o enfriar un medio o material, se han realizado múltiples iniciativas.
Sin embargo, muchas de las acciones han sido desarrolladas de manera dispersa y aislada, omitiendo una mirada holística y una estrategia de mediano y largo plazo que permita afrontar los desafíos que plantea este tipo de uso de la energía. No se le ha entregado la importancia que merece en términos de su participación en el consumo final.
Este sesgo ha trascendido la cultura hasta el punto en que muchas veces cuando se habla de energía, se piensa principalmente en la electricidad y las carencias asociadas a las necesidades de calor y frío son un menester más bien difuso, aún cuando son esencialmente carencias energéticas.
Así lo hace notar la AIE en su documento “Energy Policies Beyond AIE Countries: Chile 2018 Review”, dónde menciona: “the government should broaden its energy planning by giving as much attention to the heat and transport sectors as it does to electricity and by pursuing an integrated multisector approach. This will also enable the government to assess whether it is on track with its NDC”
Traducción al español: “el gobierno debería ampliar su planificación energética dándole la misma atención a los sectores de calor y transporte como lo hace con electricidad, y persiguiendo una aproximación de un multisector integrado. Esto también permitirá al gobierno evaluar si está en camino a su NDC”
Los desafíos que se visualizan para la construcción de una visión conjunta para este sector son diversos y amplios, sin embargo, se destacan los tres desafíos principales detectados en la elaboración de esta estrategia:
En primer lugar, la energía térmica se consume en la misma localidad dónde se genera, dada la dificultad y elevado costo de transportar el calor o frío a través de grandes distancias, como sí se puede hacer con la energía eléctrica. Esto implica que las soluciones a desarrollar, la mayoría de las veces, son aisladas y particulares de cada localidad.
En segundo lugar, la gran diversidad de la geografía y del clima de los más de 4.200 km de extensión de nuestro país, sumado al territorio insular, determinan una gran variedad de situaciones y zonas térmicas. Lo que conlleva a pensar en diversas soluciones y/o tecnologías para una multiplicidad de distintas realidades.
Finalmente, a esto se agrega que el esquema de actores involucrados es complejo y con intereses e interacciones de diversa índole, considerando entre estos, a los que consumen, utilizan, investigan, fomentan, fiscalizan o intervienen, de una u otra manera, en actividades y/u operaciones de uso térmico.
En el ámbito de sus obligaciones internacionales en materia de cambio climático, bajo el Acuerdo de París, Chile comprometió en su Contribución Nacional Determinada (NDC por sus siglas en inglés), una reducción de sus emisiones de CO2 por unidad de PIB de un 30% con respecto al nivel alcanzado en 2007, considerando un crecimiento económico futuro que le permitiera alcanzar este compromiso.
De acuerdo a dichos compromisos, y luego de un arduo trabajo interdisciplinario y de un proceso de consulta pública, en abril del año 2020 Chile presentó la actualización de su NDC, aumentando el nivel de ambición en las metas asociadas a mitigación y adaptación al cambio climático respecto de la NDC anterior.
Esta NDC actualizada plantea la meta de Chile de alcanzar la Carbono Neutralidad al año 2050 y se compromete a un presupuesto de emisiones de GEI que no superará las 1.100 MtCO2eq, entre el 2020 y 2030, con un máximo de emisiones de GEI al 2025, y a alcanzar un nivel de emisiones de GEI de 95 MtCO2eq al 2030.
En enero de 2020 se ingresó al Congreso el proyecto de Ley de Cambio Climático, el cual establece, en coherencia con la NDC actualizada, la meta de alcanzar la carbono neutralidad al año 2050, entendida como el estado de equilibro entre las emisiones y absorciones de GEI, considerando que las emisiones son iguales o menores a las absorciones.
En aspectos relacionados con medición, reporte y verificación de acciones de mitigación, el país se adscribe a los reportes y metodologías publicadas por el IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) y a los procesos de transparencia establecidos por el Acuerdo de París.
Así mismo, Chile adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), la cual plantea 17 objetivos de desarrollo social, económico y ambiental, dentro de los cuales el Objetivo 7 enmarca las tareas a las que está abocado el Ministerio de Energía en sus esfuerzos de descarbonización del país, dado que plantea: “Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos”, y establece las siguientes metas al 2030:
La última COP y la creciente preocupación de la ciudadanía por el cuidado del medioambiente han puesto el foco en la reducción de las emisiones de GEI para alcanzar los niveles exigidos por la ciencia.
Por otro lado, el Global Warming of 1.5°C Special Report, emitido por el IPCC en noviembre 2018, fijó el año 2030 como el plazo para disminuir en 45% las emisiones netas de GEI, y el año 2050 para alcanzar la carbono neutralidad a nivel mundial.
Chile emite sólo el 0,25% de las emisiones globales de GEI, sin embargo, algunos estudios lo posicionan dentro de los 10 países que se verán más afectados por el cambio climático, presentando siete de los nueve criterios de vulnerabilidad.
El Sector Energía es el principal responsable de las emisiones de GEI del país y a la vez, en él se concentran las mayores oportunidades de mitigación que permitirán dar cumplimiento a las metas comprometidas por Chile en el Acuerdo de París.
El Ministerio de Energía, consciente de esta responsabilidad, está comprometido con un plan de carbono neutralidad de la matriz energética del país. Esto incluye principalmente a los sectores donde se concentran las mayores emisiones, siendo ellos: producción de electricidad, industria y minería, transporte y los hogares.
El plan de carbono neutralidad comprende cuatro ejes principales de acción:
Para entender las temáticas de las que se debería hacer cargo la estrategia y, debido al gran número de actores que el sector tiene y las brechas geopolíticas particulares de cada zona, es que se realizaron 10 talleres multisectoriales que contaron con la participación de cerca de 200 personas a lo largo de todo el país.
A estos talleres acudieron representantes de los segmentos de sector formativo, consumidores, fomento y regulación, entre otros.
Durante los talleres, los participantes definieron las brechas identificadas para el sector, las priorizaron y sugirieron medidas para hacerse cargo de cada brecha.
Las observaciones y declaraciones hechas por los participantes de estos talleres están detalladas en el documento.
La gran mayoría de estos aportes fueron acogidos positivamente dentro de la Estrategia.
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Se considera que las fuentes/soluciones sostenibles las que se pueden utilizar para satisfacer las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras. Algunas de las soluciones que se considera generan energía térmica sostenible son: sistemas solares térmicos, bombas de calor (geotérmicas y aerotérmicas), estufas y calderas a biomasa modernas (pellets, astillas, entre otros), combustores de hidrógeno, calentadores eléctricos, sistemas de energía distrital, entre otros.
Esta estrategia contempla llevar a cabo la primera medición de pobreza energética térmica de los hogares en Chile, con alto nivel de resolución geoespacial, en base a información recopilada por múltiples estudios y bases de datos. A partir de esa medición, se podrá focalizar adecuadamente los esfuerzos, entender la realidad y la mejor forma de enfrentar el desafío de manera descentralizada. Una de las preocupaciones más relevantes al respecto, es levantar información para identificar si es que no sólo la macrozona sur del país y los estratos socioeconómicos más vulnerables son los que tiene carencias energéticas en cuánto a sus necesidades de calor y frío. Esta definición de pobreza energética se acopla a las demás dimensiones definidas en el marco de a actualización de la Política Energética Nacional 2050. En paralelo, esta estrategia incorpora medidas como el apoyo a los programas de subsidio al reacondicionamiento de viviendas y aparatos de calefacción, un programa de tarifas eléctricas preferenciales para calefacción por medio del uso de electricidad, el desarrollo de una plataforma de climatización ciudadana, entre otras.
En la estrategia se plantea el desarrollo en detalle de planes de transición de mediano y largo plazo que permitan conseguir las metas aplicadas en los sectores residencial, industrial y sanitarias-público-comercial. El plan de transición energética en el sector residencial que actualmente se encuentra en ejecución, considera una batería de distintas iniciativas que en conjunto plantean solucionar problemas asociados al uso masivo de fuentes energéticas contaminantes y nocivas para el medioambiente. Por ejemplo, considera el fomento de nuevas tecnologías más limpias y eficientes a través de tarifas eléctricas rebajadas para calefacción, la regulación de la calidad de la leña y otros combustibles sólidos, promoción de edificación eficiente, fomento a la energía distrital, entre otras. La idea es replicar dicha estrategia en otros sectores, de manera que los incentivos y desincentivos sean aplicados acorde a las necesidades y sensibilidades del sector.
Si bien no se menciona ninguna medida específica en el documento, se prevé incorporar una medida que colabore con los programas que se están desarrollando en el Ministerio de Medioambiente. Entendemos que dada la creciente demanda por tecnologías que hacen uso de refrigerantes, es sumamente relevante el desarrollo de normativa, generación de perfiles de competencia y de conocimiento aplicado que permita clasificar e informar a la ciudadanía respecto de los cuidados y protocolos en el uso y manejo de estas sustancias.
Las redes de calor y frío distrital, o energía distrital, se vienen estudiando y apoyando desde hace varios años por parte del Ministerio de Energía para superar las barreras que permitan su implementación. Esta Estrategia considera que es un tipo de solución que puede hacer un importante aporte a la descarbonización, reducción de la contaminación local y penetración de tecnologías más sostenibles en la matriz. Se han desarrollado mapas de demanda de calor en las principales ciudades del sur de Chile, una guía práctica de cómo enfrentar este tipo de proyectos colaborativamente junto con los principales actores, tales como: municipios, productores, consumidores, proveedores, entre otros, se han realizado estudios técnicos para perfilar proyectos en distintas ciudades y en la Agencia de sostenibilidad Energética se creó la Oficina Nacional de Energía Distrital la que lanzó un concurso para presentar proyectos y ofrecer apoyo técnico y financiero a los proyectos que el sector público y privado pueda presentar. También se está trabajando en el desarrollo de una ley de energía distrital que regule y facilite el desarrollo de este tipo de proyectos.
Desde muchos puntos de vista, el Ministerio busca que las soluciones incorporadas sean lo más eficientes posibles, incluso antes que los sistemas de generación sean más limpios. Nuestra filosofía es que el calor y frío más sostenible, es el que no se consume. Con esto en consideración, en todos los programas incorporamos esta óptica para los distintos tipos de usuarios. En el sector residencial se hace un fuerte hincapié en el programa de reacondicionamiento de viviendas que entrega MINVU y en educar a los usuarios respecto de la relevancia y el impacto que tiene el que las viviendas posean una envolvente de buena calidad. Adicionalmente, a través de la ley de eficiencia energética, se obliga a las inmobiliarias a informar sobre la calificación energética de las viviendas que comercializan y se propone que el 13 de marzo de 2025 comenzará a operar el etiquetado de edificaciones de uso público, comercial y de oficinas. Este último etiquetado debería impactar fuertemente en el sector comercial, puesto que se prevé que la gran mayoría de consumos de dicho sector estén relacionadas con las edificaciones en que operan. Y por último en el mundo industrial, el concepto de eficiencia energética también se incorpora en distintos niveles, primero, a través de la ley de eficiencia energética que obliga que los grandes consumidores tengan sistemas de gestión de energía, y a través de capacitación y subsidio de las MIPyME, para que puedan acceder a soluciones más eficientes y consideren este concepto en sus operaciones.
En cuanto a los edificios de uso público1, comerciales y de oficinas, se consideran como medida el informar a los usuarios respecto del rendimiento de este tipo de edificaciones de manera que el mercado evolucione hacia rendimientos más elevados, ya sea en formato de venta o arriendo. Por eso la Ley de Eficiencia Energética indica que, a partir del 13 de marzo de 2025, este etiquetado comenzará a operar y posteriormente pasará a ser obligatorio en quienes quieran arrendar o vender este tipo de propiedades. En cuanto a las viviendas existentes, estas son consideradas a través de la prospección de la pobreza energética, de la formación e información de las familias que las habitan, mediante capacitaciones y plataformas digitales, y a través de la promoción de los programas de subsidio de reacondicionamiento térmico del MINVU, recambio de equipos del MMA y tarifas preferenciales del MEN.
(1). Según la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción un edificio de uso público es “aquel con destino de equipamiento cuya carga de ocupación total, es superior a 100 personas”. Es decir, en este tipo de edificios se incluyen escuelas, recintos hospitalarios, teatros, centros comerciales, entre otros.
